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En España el respeto es revolucionario. Fernando de los Ríos.

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La sublevación del 17-18 de julio contra la República. Un golpe de estado fracasado.





ACONTECIMIENTO MONSTRUO, EL DESENCADENAMIENTO DE LA GUERRA CIVIL NO PODÍA TRIUNFAR A LARGO PLAZO, PERO RETRASÓ DURANTE UNA GENERACIÓN EL ACCESO DE ESPAÑA A LA DEMOCRACIA, SOSTIENE JULIO ARÓSTEGUI, PARA QUIEN EL ALZAMIENTO FUE UNA QUIMERA QUE CHAPOTEABA EN SANGRE Y SE CONVIRTIÓ EN UNA RELIQUIA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA VICTORIA.

18 DE JULIO. Con la misma formulación que el 2 de mayo, 12 de octubre, 14 de abril, 23-F. No es precisa más que la datación en un día y mes para que un acontecimiento monstruo, esa categoría de ellos que definiera Pierre Nora, pase al imaginario ya la memoria común como imagen imborrable. Hay acontecimientos de diverso calado y que conmueven con mayor o menor intensidad el devenir histórico. A veces, el gran evento viene a ser una gratificación para la comunidad, cuando lo sucedido parece confirmar el sentido positivo que las gentes atribuyen a un cierto devenir presente. Ése fue el caso de la transición a la demo­cracia en la España posfranquista. Es­tamos entonces ante el acontecimiento glorioso, memorable, que contribuye a potenciar la autoidentificación del grupo. Se presenta como el estereotipo del progreso. A veces, por el contrario, el acontecimiento monstruo deviene y se desarrolla como catástrofe, rémora, obstáculo insuperable o, en fin, trau­ma colectivo, que hace sentir el acon­tecimiento como paradigma del retro­ceso. Como el modelo de un tropiezo, de un error. En el sentir de las gentes los acontecimientos monstruos no son, pues, equivalentes. Son memorables o reprobables.
En la España del siglo XX ese mode­lo de acontecimiento negativo, esa tra­gedia que deriva de un suceso luctuoso y evitable, lo representa como ningún otro aquel que de forma tan estereotipada como distinguible se llamó siempre el 18 de julio. Pero no fue sólo el más negati­vo y trágico suceso de aquel siglo, sino que hay conciencia de que lo fue de toda nuestra Historia contemporánea y, tal vez, puede haberlo sido de toda ella en cualquier época.
En la tarde de un viernes del mes de julio de 1936, un nutrido grupo de militares españoles puso en marcha un alzamiento en armas contra el ré­gimen republicano que el país se ha­bía dado legítima y alegremente cinco años antes. Sublevaciones, insurrec­ciones, alzamientos y pronunciamien­tos, guerras civiles, incluso, los había ha­bido en abundancia en la Historia española desde siglo y medio antes. Nin­guno tuvo la trascendencia del de aquel 18 de julio. La decisiva importancia del hecho fue percibida desde el mismo momento de producirse por quienes fueron testigos, protagonistas o víc­timas. Dirigentes políticos de entonces, de cualquier tendencia, dijeron con claridad que fuese cuál fuese su resul­tado la vida de la República, la vida del país, en definitiva, no podría vol­ver a ser lo que fue antes de producir­se. Y no se equivocaron.
Aquella sublevación, ni qué decir tiene, cambió el curso de la Historia española en el siglo XX. Su imagen no ha dejado de agrandarse como tal acontecimiento monstruo porque sus consecuencias se han distendido a lo largo de muchos años. Pero la Historia misma se encarga de conceder su clasificación, su destino definitivo, a cualquier ruptura. Un destino o encaje que, en este caso, es inequívoco. La sublevación militar acababa con la vida normalizada de la II República española a los cinco años de su instauración y separaba
ostensiblemente la Historia española de la de los países de su entorno. La República nunca podría volver a ser lo que había sido, fuese la sublevación fracasada o victoriosa. Y su destino inmediato fue aún más trágico: el de su conversión en una auténtica guerra civil.

AMPLIA CONSPIRACIÓN. No se trató de un hecho inopinado ni imprevisto. Militares, con apoyos externos de gru­pos políticos, de instituciones como la Iglesia, de financieros y terratenientes, pusieron en marcha una conspiración para acabar con la República. Su punto de partida estuvo bien ca­racterizado: el triunfo electo­ral del Frente Popular el 16 de febrero de 1936. Ya algunos de estos conspiradores –Franco, en concreto– intentaron anu­lar aquel triunfo por la fuerza. No lo consiguieron y eligieron otro camino. La conspiración culminó en el levantamiento en armas cinco meses después.
¿Por qué conspiraron y se le­vantaron aquellos militares y sus apoyos civiles? ¿Por el mero triunfo electoral de las izquier­das políticas? Ciertamente, los sublevados siempre dijeron que aquel triunfo era ilegítimo y que, por tanto, se levanta­ban contra "la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio". Era una mons­truosa falsedad, como lo era también su coartada de que aquel triunfo significaba necesariamente la llegada de la revolución. El motivo de la sublevación era, pues, mucho más profundo. La llegada al poder de una gran coalición de las fuerzas obreras con la burguesía republicana más progre­sista para instituir un Gobierno del Frente Popular desencadenó el miedo de las clases acomodadas y privilegia­das del país, de instituciones como la Iglesia y el Ejército, de los pequeños propietarios y los grandes terratenien­tes, de que aquel triunfo electoral sig­nificase realmente el desencadenamiento de cambios decisivo en la estructuración social existente. ¿Era este miedo un fenómeno inaudito? Tampoco. Lo he­mos conocido en otros mu­chos momentos históricos, hasta hoy, y en otros muchos ámbitos geográficos. Lo importante fue la actitud en que las clases sociales, las ideologías, los gobernantes y las masas populares se colocaron en aquella situación que enfrentaba un programa de cambios, moderados en el fondo, y una resistencia encarnizada a que se llevara a efecto.
El problema español no era tampo­co un caso aislado. La sublevación mi­litar del 18 de julio en España fue la transcripción específica en nuestro país de las tremendas complejidades y agi­taciones de los llamados "Años de en­treguerras", en Europa y en el Mundo, que siguieron a la fal­sa paz con que se cerró la Gran Guerra. Comple­jidades y agitaciones que llegaron a su culmina­ción en los años treinta. Es verdad que el con­flicto español tenía pro­fundas y decisivas raíces endógenas, propias de nuestra His­toria particular. Pero lo es también que se daban en un contexto global, en una pugna tripolar de ideologías, las de la democracia liberal, el fascismo y el co­munismo, sin tenerla en cuenta no pue­de explicarse satisfactoriamente el caso español. En un mundo, además, azo­tado por la crisis económica, movido por las aspiraciones hegemónicas de ciertas potencias, por las reivindicaciones de grupos sociales hasta entonces subal­ternos, por la aspiración a la revolu­ción y el pánico ante ella...
¿Por qué en España esta confronta­ción fatídica entre el anhelo de cam­bio social frente al de conservación a ul­tranza devino precisamente en un trá­gico enfrentamiento armado con unas hondísimas consecuencias y unos tre­mendos costes que dividirían al país du­rante dos generaciones? Lo hemos in­tentado explicar en otro momento: por­que quienes sostenían una u otra op­ción fueron incapaces de hacerlas triun­far por las vías políticas propias de un país adelantado. Por un fatal equili­brio de incapacidades. ¿Puede dedu­cirse de ello que las responsabilidades históricas por el más negro aconteci­miento de nuestra Historia estuvie­sen también equilibradamente repar­tidas? De ninguna forma puede man­tenerse ese juicio, aunque haya quienes han pretendido hacerlo.

RESPONSABLES CLAROS. La sublevación militar tuvo unos claros protago­nistas y valedores. Y no es lícito ha­blar de antecedentes insurrecciona­les del campo contrario, como se ha pretendido de los acontecimientos de 1934. Su morfología y objetivos son completamente distintos. Conceda­mos que quienes se sublevaron el 18 de julio, dirigidos por Mola, Franco, Queipo y demás cabezas, sus mentores y corifeos, sus financiadores, no calcularon correctamente el alcan­ce de su acción. Concedamos que en sus cábalas no entraba la posibilidad de una guerra civil, pues pensaban que su control del poder sería inmediato. La tragedia resulta así agigantada porque provino de un error de cálculo: el que se habían hecho sobre la resistencia que una importante masa del país opondría a someterse a una imposición por las armas. Cuando aquel error se hizo ostensible, cuando la imposibilidad de hacer triunfar prontamente sus planes fue evidente, los sublevados no detuvieron su designio... Muy al con­trario, buscaron toda clase de ayudas para llevarlo a cabo y acusaron de la tragedia a quienes se habían opuesto a él. Y pasaron por las armas a muchas miles de personas de manera sumaria, incon­trolada e inmediata.

RAÍCES EN EL SIGLO XIX. Las raíces más profun­das de aquellos sucesos no son ajenas a la natu­raleza de una trayectoria histórica que venía de mucho antes. No son ajenas a las peculiaridades mismas de nuestra revolución liberal en el si­glo XIX. Ni, claro está, a la profundi­zación de las diferencias entre clases e ideologías en el primer tercio del si­glo XX. Al comenzar el decenio de los treinta, había llegado la hora de un cambio en las relaciones sociales y en la posibilidad de acceso al poder polí­tico. Cinco años después de la instauración de una República reformista, ¿se estaba realmente ante una situación prerrevolucionaria, como han mante­nido aún algunos autores recientes o los neofranquistas, entre otros? La ver­dad es que cuando se habla de algo así, hay que saber de qué se está hablan­do y no es el caso de tales autores. Una gran agitación social no presupone la existencia de un designio revoluciona­rio, incluso aunque se hablase de ello en los mítines electorales...
Ninguna revolución estaba en mar­cha en la primavera de 1936. El triun­fo del Frente Popular era, en su parte más visible, un triunfo obrero, desde luego. El obrerismo, urbano y cam­pesino, reclamaba reformas sociales urgentes. El programa frentepopulis­ta incluía algunas de ellas, pero había descartado otras, las más profundas, seguramente –las nacionalizaciones, el control obrero de la industria, por ejemplo–. Un gobierno de republica­nos burgueses, sin participación obre­ra, se enfrentaba a la difícil situación de las urgencias populares de refor­ma y al entorpecimiento continuado de las derechas tradicionales. ¿Podría el sistema parlamentario haber supe­rado aquella situación de crisis social? No cabe hablar de futuribles. Sólo es posible decir que hubo quienes eligieron el camino de la sublevación por las armas, justificando su acción so­bre demostrables falsedades. Cabe de­cir también que la masa de los con­servadores españoles, los grupos privilegiados de siempre, los partidos que les representaban y las instituciones que se apoyaban en ellos, lejos de con­tribuir a la solución con una política parlamentaria negociadora practicaron la táctica de cuanto peor, mejor. Se­guramente porque en buena parte sus líderes estaban perfectamente al co­rriente de la existencia de una gran conspiración para la insurrección.

UNA TRAGEDIA INÚTIL. La insurrección se consumó, pues, sin haber buscado prácticamente otros medios de reso­lución. Sin haber medido sus inmensos costes ni las consecuencias terribles de un presumible fracaso. La calificación para ello del más negativo mo­mento de nuestra His­toria no queda justifica­da sólo por el coste so­cial, la tragedia humana y la destrucción de un patrimonio material colectivo que representa una guerra civil. Lo más terrible de aquel suceso de la segunda mitad de los años treinta es que fue una tragedia inútil. Porque la Historia tiene también su inflexible ló­gica. Los presupuestos ideológicos de quienes se levantaron estaban destina­dos a la derrota más allá de su victoria por las armas. Teniendo un origen dis­tinto, hubieron de subirse entonces al carro, aparentemente cargado de futuro, del fascismo. Pero en el mundo occidental de la segunda mitad del si­glo XX no podía irse con­tra el liberalismo, la de­mocracia y la soberanía de un pueblo para deci­dir su destino. El coste histórico de la Guerra Civil fue retardar esos procesos en España du­rante más de un tercio de siglo. Aquel proyec­to no podía quedar en forma alguna atado y bien atado. Ex­traordinaria quimera que cabalgaba chapoteando en sangre, la ideología de los vencedores en la guerra era una pura reliquia poco después de su vic­toria. El 18 de julio, escribieron con letras de molde, creaba Derecho. Un Derecho espurio que no pudo sobrevivir al Caudillo que lo impuso.
Extraído de La aventura de la historia, número 120.

Discusión en las Cortes del Estatuto de Cataluña (1932).

“Reconozcamos que hay de sobra catalanes que, en efecto, quieren vivir aparte de España. Ellos son los que nos presentan el problema; ellos constituyen el problema catalán, del cual yo he dicho que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Y ello es bien evidente; porque frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino, de esfuerzos, de penas, de ilusiones, de intereses, de esplendor y de miseria, a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y voluntad” Ortega y Gasset.




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Una gran parte de la protesta contra el Estatuto de Cataluña se ha hecho en nombre del patriotismo, y esto, señores diputados no puede pasar sin una ligera rectificación. El patriotismo no es un código de doctrina; el patriotismo es una disposición del ánimo que nos impulsa, como quien cumple un deber, a sacrificarnos en aras del bien común; pero ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo. Delante de un problema político, grave o no grave, pueden ofrecerse dos o más soluciones, y el patriotismo podrá impulsar, y acuciar, y poner en tensión nuestra capacidad para saber cuál es la solución más acertada; pero una lo será; las demás, no; y aun puede ocurrir que todas sean erróneas. Quiere esto decir, señores diputados, que nadie tiene el derecho a monopolizar el patriotismo, y que nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada (…) El señor Ortega decía, examinando el problema catalán en su fondo histórico y moral, que es un problema insoluble y que España sólo puede aspirar a conllevarlo (..) ¿Insoluble? Cataluña dice, los catalanes dice: “Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español”. La pretensión es legítima; es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional. La ley fija los trámites, los catalanes han cumplido esos trámites. Éste es el problema y no otro alguno. Se me dirá que el problema es difícil. ¡Ah! Yo no sé si es difícil o fácil, eso no lo sé, pero nuestro deber es resolverlo sea difícil, sea fácil (…) La solución que encontremos, ¿va a ser para siempre? Pues, ¿Quién lo sabe? Siempre, es una palabra que no tiene valor en la historia y, por consiguiente, que no tiene valor en política (…) La unión de los españoles bajo un Estado común, que es lo que nosotros tenemos que fundar, mantener y defender, no tiene nada que ver con lo que se ha llamado unidad histórica española bajo la monarquía; no es eso. Y a las gentes que en estas polémicas apelan a todo género de argumentos, con cierta propensión a los argumentos cursis, y sacan a relucir las figuras históricas a quienes se atribuye la realización de la unidad española en el siglo XVI, yo les sometería a esta prueba: que hiciésemos aquí una semejanza de ley, un proyecto de ley organizando el Estado español en la misma forma, respecto las facultades y poderes del Estado, en que se hallaba bajo Isabel y Fernando, y que lo publicásemos en la Gaceta, y veríais correr espantados a todos los grandes defensores de la unidad nacional, suponiendo que la hicieran estos reyes de quienes vemos aquí sus estatuas.
Manuel Azaña.

ortega en la luna

La gran propiedad rustica en España durante la II República

La gran propiedad rústica en España II República

Elecciones durante la Segunda República.

Elecciones de 1936 Segunda República

Elecciones de 1933 Segunda República

Elecciones constituyentes  1931

4a

GOBIERNOS DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA



GOBIERNOS SEGUNDA REPÚBLICA

EJES CRONOLÓGICOS. REINADO DE ALFONSO XIII Y DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA.

a cronologia 1

a cronologia 2

a cronología 3
a cronologia 4

Tema 9. La Guerra Civil (1936-1939).

Tema 9 La Guerra Civil 1936-1939.

Dossier La represión la tragedia oculta

El pozo de todos los males: la desigual distribución de la tierra en España, un problema heredado.

INICIO DE LA REFORMA:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA
Artículo 44.
Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.
La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.
Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.
Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.
El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional.
En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.




Ley de Bases de Reforma Agraria (1932)
“Los efectos de esta ley se extienden a todo el territorio de la República. Su aplicación, en orden a los asentamientos de campesinos, tendrá lugar en los términos municipales de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Las tierras del Estado y las que constituyeron antiguos señoríos, transmitidas desde su abolición hasta hoy por título lucrativo, podrán ser objeto de asentamientos, sea cualquiera la provincia donde radiquen. La inclusión en posteriores etapas, a los fines de asentamiento, de las fincas situadas en términos municipales de las 36 provincias restantes, sólo podrá realizarse a propuesta del Gobierno [...].
La ejecución de esta ley quedará encomendada al Instituto de Reforma Agraria, como órgano encargado de transformar la Constitución rural española [...].
El Instituto de Reformo Agraria promoverá la formación de organismos de crédito a fin de facilitar a los campesinos asentados el capital necesario para los gastos de explotación [...].
Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados:
1) Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños siempre que su adquisición se considere de interés por el Instituto de Reforma Agraria [...].
5) Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los adquirentes y por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueran compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta [...].
7) Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su fertilidad y favorable situación permita un cultivo permanente, con rendimiento económico superior al actual [...].
Quedarán excluidas de la adjudicación temporal y de la expropiación las siguientes fincas:
a) Los bienes comunales pertenecientes a los pueblos, las vías pecuarias [...].
b) Los terrenos dedicados a explotaciones forestales [...].
d) Las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser consideradas como tipo de buen cultivo técnico o económico [...].”
Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932



Base 5.

Serán susceptibles de expropiación las tierras incluidas en los siguientes apartados:
1.° Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños […].
4.° Las fincas rústicas de corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos que las exploten en régimen de arrendamiento, aparcería o cualquier otra forma que no sea explotación directa […].
5.° Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los adquirentes […], deba presumirse que fueron compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta.
6.° Las que constituyeron señoríos jurisdiccionales […].
7.° Las incultas o manifiestamente mal cultivadas […]




Los objetivos de la Reforma agraria.
Todos los proyectos persiguen en primer término la resolución del paro obrero. […] ¿Cómo lo intenta este proyecto? Con asentamientos. […]
La segunda finalidad es la redistribución de la tierra. Ha de redistribuirse de nuevo para que cumpla la función que ahora no realiza; la expropiación de la tierra ha de hacerse por razón de su origen y por razón de su empleo. Así pues, la redistribución de la tierra se hará a base de las tierras de señorío y de los bienes comunales.
Si el proyecto tiene una tendencia, podría ser ésta: la de intervenir el Estado en todos los órdenes de la economía agraria para disciplinarla en todos sus aspectos y para racionalizar la producción. El cuidar que la tierra cumpla la función social que le corresponde. Ya sabemos que este problema, como el religioso, tenía que levantar tempestades sobre los hombres que lo impulsaran. Este es el sino de los hombres que asisten a los inicios de un cambio de régimen.
Discurso de Marcelino Domingo sobre la reforma agraria en las Cortes, 15 de junio de 1932



La Reforma agraria según Pascual Carrión.


“Los habitantes de las regiones del norte de España, se dice, son más trabajadores que los del sur, y, por ello, la región cantábrica es más rica que la andaluza y extremeña. Pero para comprender cuán exagerada es esta afirmación basta fijarse, por lo que a agricultura se refiere, que en el norte se cultiva menos la tierra que en el sur.
(...) muchas personas que pasan por cultas consideran que el obrero del sur no puede alcanzar la capacidad del levantino y el catalán debido a su inferioridad racial o a la influencia del clima, sin detenerse a pensar en la influencia que tienen las condiciones sociales en las diferencias que se observan. La realidad, sin embargo, sale al paso de estos prejuicios.
(...) el campesinado andaluz, cuando sabe que ha de disfrutar del producto de su trabajo, lucha con la naturaleza como el mejor labrador y logra resultados admirables.
Los vicios que se achacan al jornalero andaluz no son propios de él, sino consecuencia obligada de la situación económico-social de aquel1a región. No es holgazán, sino que se le obliga a sufrir largos períodos de paro forzoso, de por sí desmoralizadores, que llevan consigo el hambre y la miseria, los cuales, a su vez, producen la debilidad y la dejadez que tanto se le censuran.
Por añadidura, el ejemplo de muchos señoritos que no han hecho nada en su vida y, en cambio, disfrutan de comodidades y placeres, no es nada edificante. La falta de centros de cultura y de distracción en los pueblos hace que el obrero tenga que ir a la taberna, y no es extraño que allí busque el vino, que le da la sensación de hallarse alimentado sin comer y que le permite olvidar un poco la tristeza de su vida y las injusticias de los hombres.
Tratar de holgazanes y viciosos a los campesinos hambrientos de Andalucía y Extremadura es agregar a la injusticia de que son víctimas el escarnio.
De todos los factores que intervienen en la producción agraria, el más importante, o uno de los más importantes, es el de la distribución de suelo y de la riqueza que en él se produce, y, por ello, debe merecer especial atención (...).
Los grandes propietarios calculamos reúnen el 64% de la superficie en Cáceres y el 62% en Badajoz, pudiéndose afirmar que entre 2.000 de ellos acaparan más de dos millones de hectáreas, es decir, la mitad de toda la región (...).
Las grandes fincas ocupan del 40 al 60% de la superficie total en las provincias andaluzas y los grandes propietarios reúnen por término medio del 50 al 60% de la extensión total (...).
En donde la propiedad se halla dividida, la tierra se encuentra generalmente aprovechada al máximo; en cambio, cuando se halla acaparada, como su propietario, aunque obtenga poco producto por hectárea, en total reúne una sumo importante, no siente estímulo para intensificar la producción (...).
El problema del paro campesino lo engendra principalmente la concentración de la propiedad en pocas manos y exige para resolverse que se le facilite tierra al trabajador o que se le dé participación en la producción que de ella se obtiene.
(...) para intensificar la explotación del suelo y mejorar la situación de los trabajadores del campo es preciso dar acceso a éstos a la tierra y evitar la concentración de la propiedad rústica en poder de unos pocos individuos. El problema de los latifundios aparece, por ello, en primer término, cuando se quiere acometer seriamente la Reforma Agraria.”


Pascual Carrión fue uno de los ingenieros agrónomos de trabajaron en la Comisión técnica del Instituto de Reforma Agraria.

b



c

Contrarreforma agraria.

La derecha agraria obstaculiza en el Parlamento la aprobación de la Ley de Reforma Agraria

“La razón más importante de la extraordinaria duración y complejidad de los debates, se debió a la campaña de obstrucción de la minoría agraria. Este pequeño grupo de veinticuatro diputados, apoyados por unos pocos conservadores independientes, desplegaron tal ímpetu y perseverancia que casi consiguieron inutilizar a la mayoría de socialistas e izquierdas republicanas. Las técnicas empleadas en esta campaña fueron muy simples. Dadas las condiciones agrícolas tan dispares que prevalecían en las diversas regiones españolas, era fácil descubrir innumerables injusticias y errores técnicos en un documento de carácter general como el proyecto. Cada uno de estos errores era discutido a fondo. Además, con el fin de beneficiarse al máximo de sus ataques, los diputados agrarios se negaron a presentar una única enmienda para cada artículo, que hubiese permitido discutir la postura de la minoría en su totalidad. En vez de esto, cada diputado consumía parte del tiempo de los debates presentando su propia enmienda.”
E. MALEFAKIS: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX.



La patronal agraria ante la reforma: Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas.



"Mi ilustra y querido amigo don Nicolás Alcalá Espinosa (..) ha hecho una alusión a la historia de España (...) y ello me trae a mi memoria palabras del Ministro de Agricultura, don Marcelino Domingo, que en un discurso pronunicado en Murcia, aludiendo a la conducta de las muchedumbres en España, en estos últimos tiempos, dijo: "es el fenómeno de las masas entrando en la historia de España". Pero yo os digo, señores, al recordar esa frase del Ministro, que no he visto esa entrada por ninguna parte, porque no creo que hayan entrado en la historia de España esas masas, que, como obedeciendo a una consigna, en un mismo día invadieron centenares de fincas rústicas; apoteosis de la impunidad, se dedicaron al hurto de la aceituna, de la bellota, de todos los frutos, y al sacrificio del ganado; no creo que hayan entrado en la Historia esas masas que se reúnen en las Casas del Pueblo para acordar el rendimiennto mínimo del trabajo (...); ni siquiera creo que hayan entrado en la Historia esas masas campesinas que en diversos lugares llegaron al crimen de repugnante alevosía, porque para alcanzar esos tristes hechos la categoría de historiables hubiera sido preciso no excluir del área del proceso inquisitivo la responsabilidad por inducción de aquellos otros que durante años y años se dedicaron a predicar doctrinas extremistas por todos los pueblos de España, en presencia de muchedumbres que tienen la venda de la ignorancia puesta en los ojos y el veneno del odio infiltrado en el corazón"



Discurso de Antonio Rodríguez Jurado, 1933. Citado por Manuel Tuñon de Lara, La II República y Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República. Organización y estrategia (1931-1936). Madrid, siglo XXI, 1983.



Expectativas incumplidas: la respuesta campesina ante la lentitud de la reforma agraria.

El hambre y la miseria junto a la lentitud de la reforma agraria crearon las condiciones ideales para un clima de violencia revolucionaria que comenzó a poner su horizonte en la colectivización de la tierra. Los pueblos de Castilblanco, Arnedo, Villa de don Fabrique y Casas Viejas entre otros muchos más se convirtieron en exponentes claros de ese problema.

Los episodios de Castilblanco, primero y Arnedo, poco después, con enfrentamientos sangrientos entre los sindicalistas de la UGT y guardias civiles, llenaron de inquietud las filas del socialismo y erosionaron la confianza de las bases en la coalición con los republicanos en lo que consideraban un político de orden público injustificable por su dureza. La Ley de Defensa de la República era el instrumento de excepción para contener las agresiones al régimen y Casares Quiroga, desde Gobernación, hizo uso de ella en numerosas ocasiones.

En Castilblanco (Badajoz) estalló una huelga general el 31 de diciembre de 1931. Al intentar disolverla, los campesinos reaccionaron violentamente matando a cuatro números de la Guardia Civil. En Arnedo (La Rioja), murieron siete trabajadores y quedaron heridos treinta más al disolverse a disparos de la Guardia Civil la manifestación que se celebraba ante la casa consistorial del pueblo.


1934. Badajoz. Consejo de Guerra por los sucesos de Castilblanco, hay procesados veinte hombres y dos mujeres.


Castilblanco
Los acontecimientos de Castilblanco (Badajoz) llenaron muchas páginas de la prensa. Escogemos dos crónicas, del mismo día 2 de enero.
“Entre 11 y 12 de la mañana una manifestación de más de 500 personas hizo acto de presencia en las calles del pueblo de Castilblanco enarbolando una bandera roja. Los guardias salieron a su encuentro, y los manifestantes recibieron a la Benemérita con insultos y silbidos. Los guardias hicieron entonces varios disparos al aire para intimidar a los manifestantes y en aquel momento los revoltosos contestaron con una descarga cerrada, haciendo más de 200 disparos. Cayeron acribillados a balazos el cabo José Blanco Fernández... También hay un paisano muerto y otro herido, no se sabe si fueron heridos por los guardias 0 por los disparos de los manifestantes.
Después de los acontecimientos cundió el pánico en el pueblo, metiéndose el vecindario en sus casas. Se han enviado urgentemente fuerzas de la Benemérita a dicho pueblo.
En Badajoz han causado los sucesos profunda consternación.”
El Debate. 2 de enero de 1932.

“Por lo que se refiere ala actuación de la Guardia Civil, es evidente que adolece de un defecto gravísimo sobre el cual conviene meditar muy detenidamente en interés de todos y, acaso más que nadie, en interés de la Guardia Civil. Durante la Monarquía la Guardia Civil ha tenido que ser una fuerza de protección en la que se escudaba el caciquismo. Cabía esperar que el advenimiento de la República cambiaría radicalmente los usos y costumbres de la política rural. Ya se ha visto que no. Muchas veces puede más en el ánimo de un jefe de puesto una sugerencia del caciquillo que una orden de un alcalde socialista, por ejemplo.
A independizar y alejar a la Guardia Civil deben tender los esfuerzos del gobierno si se quiere evitar la repetición de hechos como los que motivan estas líneas.”
El Socialista. 2 de enero de 1932.

Juicio tras la sublevación campesina de Villa de don Fabrique. 1932.

Los labriegos y arrendatarios ocupaban las tierras que ellos trabajaban y se amotinaban contra los patrones apoyados por el Partido Comunista. En este pueblo de Toledo, se produjo un motín en el que, entre otros, perdió la vida un terrateniente. El castigo no se hizo esperar. La precariedad del juicio y la desolación de los encausados hablan por sí mismos.

La táctica insurreccional de un anarcosindicalismo dividido. Casas Viejas, 1933.

La CNT, debilitada por la lucha interna entre faístas y treintistas, experimentaba un proceso progresivo de fractura que a lo largo de 1933. La desvinculación de la FAI del proyecto reformador de los socialistas y los republicanos, concretado singularmente en Reforma Agraria y legislación laboral de Largo Caballero, provocó su radicalización y la adopción de una posición claramente "antisistema". Como respuesta a la situación, la CNT, dominada por los grupos de la FAI, reactivó su propaganda radical e inicio en el verano de 1932, con un levantamiento armado en el alto Llobregat, un ciclo insurreccional que culminaría un año más tarde en el episodio de Casas Viejas.

El gobierno, en cualquier casol, reaccionó a la defensiva contra aquella proclamación en cadena de comunismo libertario en Figols, Berga, Cardona y el resto de la cuenca enviando al ejército, pero no solucionó con ello los problemass, sino que más bien los agravó.

El episodioa de Casas Viejas tuvo una resonancia enorme por la brutalidad con que habían actuado las fuerzas de la Guardía de Asalto, un cuerpo creado por la República para desvincularese de la imagen represora y violenta de la Guardia Civil. El levantamiento comenzó el 11 de enero con una huelga y, como era habitual ya, con un ataque al cuartel de la Guardia Civil en el que hubo algunos heridos. La llegada esa misma tarde de una compañía de guardias de asalto al mando del capitán Rojas dispersó a los atacantes, algunos de los cuales se refugiaron en la choza de un anarquista apodado Seisdedos, manteniendo como rehén a un guardia que estaba herido. Para acabar con la resistencia la choza fue incendiada y mueron abrasados varios campesinos con sus familiares, entre los que se encontraban mujeres y niños. Después, al menos catorce peones agrícolas fueron fusilados. El resultado, un total de 21 muertos, de los cuales muchos ni estaban sindicados ni habían secundado la huelga.

Casas Viejas, Cadiz 1933: la mancha de AzañaCasas Viejas, Cadiz 1933: Apocalypse, then

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