La escuela franquista. Adoctrinamiento y legitimación de la dictadura
Formación político-social durante el franquismo
Energía y poder, pasado y presente.
Los subrayados responden a un fin didáctico. El artículo de Gabriel Tortella fue publicado por El País el 29 de diciembre de 2013. Enlace.
Hace solo unos días (26 diciembre de 2013) el
comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, en unas declaraciones a
Radio Nacional reproducidas en el diario Deia, afirmaba que España “tiene
todavía en cierto modo las malas prácticas de antiguas empresas públicas con
monopolio. En España nunca ha habido monopolio, pero sí ha habido un oligopolio
clarísimo de las empresas eléctricas”. Se refería el comisario al reciente
escándalo relativo a las tarifas de la luz y los problemas políticos,
empresariales, y de opinión pública que ha planteado. ¿Tenía razón? Sí, tenía
toda la razón: en España no ha habido monopolio eléctrico (en el sentido de un
solo productor o suministrador de energía), pero sí un oligopolio (en el
sentido de un número muy pequeño de productores y distribuidores capaces de
ponerse de acuerdo para imponer unos precios por encima de los que habría en
caso de libre concurrencia).
Digamos para empezar que la industria
eléctrica es proclive al monopolio, como ocurre con la mayor parte de los
servicios públicos suministrados en red; tal es el caso de los ferrocarriles y
tranvías, o del suministro de agua. La verdadera libre competencia en estas
industrias conllevaría la construcción de redes paralelas (dobles vías de tren
o de tranvía, dobles conducciones, tendidos eléctricos superpuestos), lo cual
sería un auténtico dislate y un despilfarro inaceptable. Por otra parte, esas
redes de distribución son muy caras de construir y mantener, de manera que la
entrada en el mercado es así doblemente difícil e incluso, sobre todo en países
poco desarrollados, se da el caso frecuente de que ni siquiera se puedan reunir
los capitales necesarios para crear este tipo de empresas, por lo que
frecuentemente requieren incentivos fiscales o de otro tipo para establecerse.
Hay indicios de que este fue, al menos en parte, el caso de España.
En efecto, la industria de generación y
suministro eléctrico a escala industrial comienza en Inglaterra, Alemania, y
Estados Unidos a finales del siglo XIX. Aunque España puede enorgullecerse de
tener un auténtico pionero en la materia, el científico Francisco Salvá, que en
1795 leyó una memoria sobre La electricidad aplicada a la telegrafía, y realizó
experimentos exitosos en este campo, su obra no tuvo continuidad y hasta
finales del XIX no se instalan en Barcelona los primeros generadores de
electricidad. El hecho es, sin embargo, que el desarrollo de la industria eléctrica
en el España en las primeras décadas del siglo XX coincide con el primer gran
empuje industrializador. España, por otra parte, como país montañoso, tiene
buenas condiciones para el desarrollo de la industria hidroeléctrica, que es la
forma más barata de generar electricidad. De este modo, hasta la Guerra Civil
aproximadamente, la mayor parte de la electricidad generada en España es
hídrica. Sin embargo, esta modalidad de producción presenta en nuestro país el
problema serio del estiaje: el régimen de lluvias es muy irregular y estacional
de modo que las posibilidades de generación fluctúan excesivamente, por lo que
se fue haciendo cada vez más necesario recurrir a la generación térmica. Pero
aquí se daba otro problema: la carestía del carbón español, al que, sin
embargo, el Estado siempre ha querido proteger; al imponer cuotas de consumo de
carbón nacional, el Estado contribuía a encarecer la electricidad, en
detrimento de los consumidores: familias, empresas, y el propio Estado.
Este, sin embargo, mostró interés en apoyar a
esta industria, especialmente durante la dictadura de Primo de Rivera, que veía
en la electricidad un instrumento clave en su política de industrialización.
Otra fuente de energía a la que Primo de Rivera prestó atención (en especial su
ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo) fue el petróleo; siguiendo directrices
típicamente estatistas, la dictadura instituyó el monopolio estatal de
petróleos, que creó más problemas políticos que beneficios económicos. La
enemiga de las grandes multinacionales del petróleo contribuyó
considerablemente al fin del régimen.
Otros países de la UE han nacionalizado una
industria que tiende al monopolio y es crucial para la economía del país. Pero fue con la dictadura de Franco cuando se
consagró el bloque oligopolístico eléctrico. A pesar de sus tendencias
intervencionistas y totalitarias, Franco manifestó gran respeto por los
intereses económicos privados, especialmente cuando las figuras destacadas de
tal sector habían contribuido sustancialmente a financiar la sublevación que
inició la Guerra Civil, como fueron los casos de Juan March y José Luis de
Oriol, por ejemplo. Oriol fue un gran empresario eléctrico; March era un
potentado en el sector petrolífero que se convirtió más tarde en propietario de
una de las mayores eléctricas. Ambos se interesaron, sin embargo, en otros
campos económicos. Cuando llegó el momento de renovar la legislación bancaria,
en 1946, muchos creyeron que el régimen de Franco nacionalizaría los bancos y,
posiblemente también, la electricidad, como se había hecho en Francia y, para
la electricidad, en Inglaterra. Pero no fue así. Al contrario, la banca, aunque
muy sujeta a lo que después se llamó “represión bancaria”, siguió en manos
privadas, y haciendo pingües beneficios. Lo mismo ocurrió con las grandes
eléctricas, cuyo número se iba reduciendo inexorablemente por la ley de las
economías de escala. En virtud de esta ley económica, ciertas industrias de
técnica avanzada, como la eléctrica, requieren producir en gran escala para ser
rentables. Así, gradualmente, las mayores empresas (Iberduero, Unión Eléctrica
Madrileña, Hidrola, Sevillana, Barcelona Traction, Eléctricas Reunidas,
etcétera) iban absorbiendo a las pequeñas, que no podían competir en precios y
calidad de suministro. Por otra parte, aunque el mercado eléctrico ya
presentaba considerable complejidad (no tanta como ahora), las grandes
compañías esquivaban el control de tarifas que el Estado les imponía para
combatir la inflación y mostraban altos beneficios. Esto las hizo muy
interesantes para los grandes bancos: los dos bancos vascos (Vizcaya y Bilbao),
el Banco de Santander, el Central y el Urquijo fueron los mayores inversores,
que acabaron formando un compacto bloque de poder financiero-energético.
No fue ajena al poder y la rentabilidad de
las empresas eléctricas la creación de Unesa (Unidad Eléctrica, SA), en 1944, a
propuesta nada menos que José María de Oriol Urquijo, hijo y heredero de José
Luis de Oriol. Oriol hijo fue el primer presidente de la nueva sociedad. Lo notable
de Unesa, que era una empresa privada participada por las grandes del sector,
es que debía coordinar la distribución nacional del fluido eléctrico, es decir,
coordinar la producción de las distintas empresas, en especial las que eran sus
propias accionistas. Como se decía en un decreto posterior (1951), Unesa asumía
así, por delegación del Estado, las funciones de coordinación de la industria
eléctrica nacional que normalmente hubieran correspondido a una oficina
estatal, como ocurría en los países que, como Francia e Inglaterra, y más tarde
Italia, habían nacionalizado el sector. En palabras de Eduardo García de
Enterría, se daba así en España el caso único de “un verdadero régimen de
autorregulación por las empresas eléctricas afectadas”. Y el ya entonces
complicado sistema de tarifas vigente era, en definitiva, pactado con las
empresas en virtud de un sistema polinómico y unos factores adicionales que, de
hecho, garantizaban una alta rentabilidad al sector.
Por otra parte, el exacerbado nacionalismo de
la dictadura contribuyó a beneficiar a este bloque a expensas de los inversores
y accionistas extranjeros. El caso más sonado fue el de la Barcelona Traction
Light and Power. Era esta una empresa internacional que abastecía a gran parte
del mercado barcelonés y catalán, empresa a la que Juan March había echado el
ojo hacía varios años, pero cuyos directivos no querían vendérsela. Con el
apoyo manifiesto del Estado español, March consiguió que un tribunal declarara
a esta empresa en quiebra (no tenía más problema que el hostigamiento a que la
sometió el Estado) y la subastara. No es necesario decir que fue March quien la
adquirió a precio de saldo en 1948 y la convirtió en Fuerzas Eléctricas de
Cataluña (FECSA), que décadas más tarde se fusionaría con Endesa. Tal negocio
hizo March, con esta operación que, en agradecimiento a la nación, decidió
crear la fundación que lleva su nombre. Los pleitos internacionales a que este
asunto dio lugar se prolongaron unos 20 años; Juan March llevaba mucho tiempo
muerto cuando se publicó la sentencia final, que le dio la razón, provocando un
gran escándalo. Otro asunto parecido, aunque menos ruidoso, fue la cuasi
expropiación de las acciones del banco suizo Elektrobank, propietario de un
paquete de control en Sevillana de Electricidad, también con el apoyo del
Estado español. Este caso hizo menos ruido porque los suizos cedieron el
control y vendieron su participación, de modo que no hubo escándalo ni procesos
judiciales.
Este compacto bloque de poder
financiero-eléctrico fue una de las herencias que el franquismo legó a la
democracia. Han ocurrido muchas cosas desde la Transición, pero el poder de las
eléctricas permanece, y constituye un serio problema económico que trasciende a
la política. Otros países de la Unión Europea, como los arriba citados, han
resuelto la cuestión hace ya mucho tiempo nacionalizando una industria que
propende al monopolio y es crucial para la economía del país. ¿Será esta
también la solución para España?
Gabriel Tortella es profesor emérito de Historia
Económica en la Universidad de Alcalá.
1. ¿Cuál es el motivo del encarecimiento de
los servicios públicos en red?
2. En qué región española se desarrolló más
rápido el sector de la electricidad.
3. ¿Qué acontecimiento exterior favoreció el
impulso industrializador del que habla el autor?
4. Indica las ventajas y desventajas
geográficas para el sector eléctrico en España.
5. El carbón fue la materia energética básica de la Revolución Industrial. ¿Qué política económica se siguió en España respecto a este recurso energético? ¿Qué consecuencias tuvo para los inicios de la industria eléctrica?
6. ¿Qué política se siguió durante la dictadura de Primo de Rivera respecto a la electricidad?
7. ¿Qué quiere indicar el autor cuando dice "La enemiga de las grandes multinacionales del petróleo contribuyó considerablemente al fin del régimen"?
8. ¿Qué política siguió el régimen franquista respecto de las eléctricas? ¿Qué política siguieron, para este mismo sector, otros países?
9. ¿Qué hacían las compañías eléctricas para eludir la inflación?
10. ¿Qué es el bloque energético-financiero? ¿Cuál crees es su relación con el oligopolio del que habla el autor?
11. ¿Qué ocurrió con empresas e inversores extranjeros del sector eléctrico durante la dictadura franquista?
12. ¿Cuál fue la solución adoptada en alguno de los países de la UE?
INVESTIGA
Isabel Bartolomé Rodríguez, La industria eléctrica en España. Estudios de historia económica (50). Banco de España.
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